De acuerdo con este reglamento, dichas viviendas constituyen un servicio de residencia especializado, de carácter temporal, para mujeres víctimas de violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones, y que tengan menores a su cargo, con la finalidad de facilitar su proceso de recuperación psicosocial y de apoyar su independencia.

Además de la vivienda equipada para el normal desarrollo personal y familiar, se prestará a estas mujeres información, valoración y asesoramiento jurídico, según ha informado la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

También, se les dará atención psicológica y apoyo social, educativo a la unidad familiar, a la formación e inserción laboral y a la búsqueda de empleo; además de atención especializada a los hijos menores que convivan con las mujeres usuarias.

A estas viviendas podrán acceder mujeres víctimas de violencia de género acogidas en las Casas de la Mujer de Badajoz o de Cáceres que, en su proceso de recuperación, requieran de un recurso de acogida intermedio como paso previo a su normalización psicosocial.

También podrán ser usuarias mujeres empadronadas y residentes en alguna de las localidades de la comunidad autónoma que presenten una especial situación de vulnerabilidad como consecuencia de la violencia de género sufrida y necesiten de un espacio especializado de residencia temporal durante su proceso de recuperación.

Asimismo, Gil Rosiña ha destacado que esta decisión no es sólo una cuestión de la Junta, sino también de todas las instituciones. Por ello, en este reglamento el Ejecutivo autonómico «estará en coordinación con los profesionales de las casas de la mujer de Badajoz y Cáceres».

CONVENIOS SOBRE SERVICIOS SOCIALES

Gil Rosiña ha informado de que el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de convenios de colaboración con varios ayuntamientos y mancomunidades de municipios para la prestación de información, valoración y orientación relacionados con los servicios sociales de atención social básica, con una dotación global de 1.520.000 euros, según ha informado.

Estos ayuntamientos son los de Navalmoral de la Mata, Badajoz, Arroyo de San Serván, Esparragalejo, La Garrovilla, Trujillo, Don Benito, Fuente de Cantos, Bienvenida, Calzadilla de los Barros, Cabeza la Vaca, Calera de León, Monesterio, Montemolín, Olivenza y Valverde de Leganés.

También se firmarán con la Mancomunidad Integral Comarca de Trujillo, la Mancomunidad de Municipios Rio Bodión y la de Trasierra-Tierras de Granadilla.

El objeto de la Ley de Servicios Sociales de Extremadura es garantizar el acceso de la ciudadanía al sistema público de servicios sociales en los términos y con los requisitos regulados en la propia norma, con el fin de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y la justicia social.

También es objeto de esta ley regular y organizar el sistema público de servicios sociales de Extremadura y establecer los mecanismos de coordinación y trabajo en red de todas las entidades implicadas en su prestación, con la articulación de su relación con el resto de sistemas de protección social.

Con respecto a los servicios sociales de atención social básica, la ley los define como la estructura básica y el primer nivel de atención del sistema.

Estos servicios garantizarán la prestación de información, valoración y orientación y la prestación de acompañamiento en situación de exclusión social.

Además, se ofrecerá información, valoración y orientación a las necesidades y demandas de la población, con una canalización de las situaciones de necesidad hacia las prestaciones necesarias, algo que será prestado por profesionales titulados en Trabajo Social.

Una prestación que se ha ofrecido hasta ahora por las entidades locales de la región, por sí solas o a través de fórmulas de gestión compartida, en colaboración con la Junta de Extremadura.

Fuente: http://digitalextremadura.com –

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